El reto de predicar con el ejemplo: por una política proactiva en materia de rendición de cuentas.

Carlos Eduardo Torres Muñoz
Titular del Órgano Interno de Control del Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

            Hagamos un brevísimo recuento: el Sistema Nacional Anticorrupción surgió de las reformas publicadas el día 18 de julio del año 2016 en el Diario Oficial de la Federación. En el caso del Sistema Estatal zacatecano, éste lo hizo justo un año después, con la correspondiente ley que lo rige. Sin embargo, el nacimiento formal de dichos entramados institucionales no significó su instalación en sentido operativo y estructural. Los sistemas, tanto estatales como el propio nacional, han debido correr un proceso lento para que su conformación, en términos de la Ley, quede completa. Aún hay instancias que forman parte de este diseño constitucional pendientes, como lo es el caso de los órganos internos de control en algunos entes locales. Además de lo anterior, los sistemas anticorrupción han debido enfrentar las limitaciones presupuestales y el complejo proceso de construcción de un sistema cuya esencia es la articulación entre pares, en clave gobernanza con la inclusión de la participación ciudadana, amen del recelo político que implica esta novedosa figura en nuestra arquitectura política y administrativa. Éstas entre otras razones, han provocado que los resultados que ofrece la innovación jurídica que implica la articulación institucional de la lucha contra la corrupción en México, no se vean consolidados. En tal circunstancia, las instituciones que forman parte de tal sistema, tienen frente a sí la oportunidad de consolidar el esfuerzo que la ciudadanía exige, a partir del ejemplo. Recordemos qué instituciones forman parte de este sistema: los órganos superiores de fiscalización (auditorías), los poderes ejecutivos (a través de sus secretarías, contralorías o análogas), los poderes judiciales, las fiscalías especializadas en el combate a la corrupción, los tribunales de justicia administrativa, los órganos garantes en materia de transparencia y los comités de participación ciudadana.  

Partamos de lo indispensable: la primera ventanilla de los sistemas anticorrupción que son los órganos internos de control, aún están en etapa de consolidación y fortalecimiento, partiendo de la estructura mínima indispensable, sin olvidar la imperante necesidad de la profesionalización de dichas unidades administrativas.

Sin embargo, más allá de esto, también puede afirmarse que, en cada una de estas instituciones, con voluntad política y sensibilidad social en relación al problema público que implica la corrupción, se pueden diseñar e implementar políticas proactivas en materia de rendición de cuentas. Dichas políticas no se limitan a la transparencia, ni tampoco al control interno, para que constituyan mecanismos a partir de los cuáles se genere un proceso de responsabilidad pública frente a la ciudadanía, es inherente que ésta participe. La tarea de gobernar (entiéndase en sentido amplio y más allá del poder ejecutivo), es cada vez más compleja. Ha quedado claro que el paradigma del Estado en solitario, frente a su sociedad, ha sido superado. Cada vez más el esquema de gobernanza se impone por la creciente necesidad de legitimidad, en democracias complejas y sociedades hiperconectadas. Por ello mismo la rendición de cuentas se ha integrado como un elemento indispensable y necesario de la democracia liberal. Se puede sugerir que las políticas de rendición de cuentas, consideren cuando menos los modelos de gobierno abierto (que incluye su modalidad de justicia abierta), que incorpora a la transparencia, las tecnologías de la información y la participación e incidencia ciudadanas. La apertura institucional, que requiere voluntad política de parte de los tomadores de decisiones, es una oportunidad única para pasar de las estructuras burocráticas cerradas a una dinámica generosa de sensibilización, concientización y hasta empatía de los funcionarios públicos con respecto a las necesidades que les corresponde atender de la ciudadanía.

Un ejemplo que podemos citar de política de rendición de cuentas institucional es el recientemente anunciado Reto público anticipando riesgos de corrupción, promovido en Zacatecas por el Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IZAI) y el Comité de Participación Ciudadana, en el que, a través de un autodiagnóstico que permitirá identificar potenciales riesgos de actos de corrupción o debilidades en el control interno, con un ingrediente innovador: en este diagnóstico participarán ciudadanía, sean integrantes de organizaciones de la sociedad civil o instituciones académicas, lo que permitirá que dicho análisis no se realice a puertas cerradas, sino con apertura y transparencia para conocer la percepción, perspectiva y experiencia de quiénes son, al final, los afectados o beneficiados del funcionamiento de las instituciones.

A dicho reto se inscribieron, en su primera etapa, la Junta Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (JIAPAZ), el Tribunal de Justicia Administrativa, la Auditoría Superior del Estado, el Tribunal Superior de Justicia del Estado, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y el propio IZAI.

Las instituciones que conforman el sistema anticorrupción tienen pues un doble reto: promover y consolidar las facultades de la instancia compleja que son los sistemas anticorrupción estatales y nacionales, así como predicar con el ejemplo, a través de la instalación de las estructuras legales, institucionales y programáticas previstas en la legislación relativa al combate a la corrupción, así como diseñar e implementar políticas de rendición de cuentas al interior de sus propios entes, con la ya inherente participación de la sociedad. En los momentos de democracia compleja que vivimos es superior el riesgo de instituciones cerradas, que el de la cooperación, corresponsabilidad y transparencia plena hacia una ciudadanía que, al final, romperá las puertas para apropiarse de lo público, que por definición, le pertenece.

Puedes consultar el número completo de la Revista del Poder Judicial, aquí: https://apps.pjzac.gob.mx//AdministracionTSJ/Archivos/2022/8/81a956c7-022d-43bb-b0f9-a71f401eb7fb.pdf

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